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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a despojar a casi 350.000 venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que les permite vivir y trabajar en el país sin el riesgo de ser deportados.
La decisión del máximo tribunal, que fue anunciada este lunes, se produce en medio de los esfuerzos del presidente republicano para aumentar las deportaciones, como parte de su enfoque de línea dura en materia migratoria.
La Corte Suprema accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, que había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección conferida a los venezolanos por el gobierno del expresidente Joe Biden.
En febrero, Noem anunció que las deportaciones de casi 350.000 venezolanos que eran beneficiarios del TPS comenzarían a partir del 7 de abril.
Noem había determinado que era “contrario al interés nacional” la permanencia de los venezolanos en Estados Unidos y que podían regresar a su país de origen porque las condiciones habían mejorado.
Sin embargo, Chen argumentó que la cancelación de este beneficio amenazaba con “infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica”.
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El juez de California reconoció de este modo el argumento de que Venezuela sigue siendo un país inseguro que presentaron los demandantes, entre los que figuraban varios beneficiarios del TPS y el grupo de defensa National TPS Alliance.
El TPS para los venezolanos es el más grande que ofrece actualmente Estados Unidos y protege a unas 600.000 personas a través de dos designaciones separadas, una aprobada en 2021 y otra en 2023.
El programa de 2023 es el único que está en cuestión en el caso ante la Corte Suprema.
Trump, quien asumió la presidencia en enero para un segundo mandato, prometió deportar a un número récord de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Además, ha tomado medidas para despojar a ciertos migrantes de protecciones legales temporales, ampliando así el grupo de posibles deportados.
“Seguiremos luchando”
Apenas se conoció la decisión de la Corte Suprema, representantes de las organizaciones y los beneficiarios de TPS que introdujeron la demanda reaccionaron a través de una videoconferencia.
“Esta es la acción más grande en la historia moderna de Estados Unidos para despojar a un grupo de no ciudadanos de su estatus de protección”, afirmó Ahilan Arulanantham, uno de los abogados demandantes y codirector del Center for Immigration Law and Policy de Estados Unidos.
“Que la Corte Suprema haya autorizado (esta decisión) en una orden de dos párrafos sin justificación es realmente impactante”, añadió. “Me siento decepcionado con el sistema en su conjunto porque nos ha fallado”.
Arulanantham precisó que la orden del máximo tribunal abre dos incógnitas: cuándo los beneficiarios perderán el estatus de protección y cuáles fueron los argumentos para admitir la eliminación del TPS para los venezolanos.
“Como no dieron una explicación de por qué tomaron esa decisión, no sabemos qué argumentos se pueden presentar para contrarrestarla”, indicó.
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Por su parte, José Palma, coordinador de la National TPS Alliance, rechazó la decisión. “Es un día triste para todos nosotros, pero estamos comprometidos a encontrar formas para proteger a la comunidad”.
Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan-American Caucus, aseguró que la secretaria de Seguridad ha estigmatizado a los venezolanos como “criminales” al vincularlos con las actividades de la banda de crimen organizado Tren de Aragua.
“Hemos estado peleando contra el odio, la discriminación, la xenofobia”, señaló. “Los venezolanos están aquí porque necesitan protección, miles de ellos no tienen la posibilidad de volver a Venezuela porque han sido perseguidos políticamente”.
Cecilia González Herrera, una de las siete demandantes que introdujo el recurso de manera individual, añadió: “La decisión de la Corte Suprema ha sido devastadora para mí personalmente”.
“Conozco a muchos venezolanos que están en riesgo de deportación”, advirtió. “Pero aún así, seguiremos luchando”.
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